“Afirman que la Corte hiere la credibilidad del Poder Judicial al exonerar al Fiscal General.”

   Me parece que en un caso de estos hay que mantener una actitud de imparcialidad pero tampoco con la ligereza de desinteresarse del asunto. La presunta intervención de Jorge Chavarría en la investigación suscitada a Rodrigo Arias, ex ministro de la república, a causa del manejo de dos millones de dólares proporcionados por el Banco Centroamericano de integración económica y que nunca ingresaron en el erario público, plantea muchas interrogantes acerca del proceder del fiscal general en tal acción, en caso de que eventualmente la cometiera. No tengo conocimiento acerca de los argumentos bajo los cuales se declaró inocente a Chavarría, lo que sí me parece es que una acusación de tal magnitud debe ser analizada con la importancia inherente al caso y sin dejar cabida a la negligencia. Considero inapropiado mantener una postura como la del abogado y profesor Adonay Arrieta, muy radical en su punto de vista al consignar que debe ser relegado de su puesto el señor Chavarría por el simple hecho de verse imputado en una acusación de tal relevancia. Sin embargo, es de suma importancia su intervención porque de alguna u otra forma denuncia determinado tipo de flojedad que pudo ser cometido por la Corte Plena en el tratamiento del caso de Jorge Chavarría. Y es que en efecto, nuestro sistema político en las últimas dos décadas ha estado falseado por diferentes actos de corrupción cometidos incluso por ex presidentes de la República. Ante tales circunstancias, lo que tiende a relucir es la debilidad y carencia de compromiso de los altos funcionarios del estado. Es inaudito que un presidente de la república se vea inmiscuido en actos de corrupción; una situación de estas indica que tal persona se encontró con muchas facilidades para llevar a cabo tal acción ilegítima. Si tales comodidades se presentan quiere decir que no hay ciertas restricciones para determinadas personas que ocupan un cargo público. Hay una corrupción definida y que se ha venido dando en el transcurso de los últimos mandatos presidenciales. ¿Por qué hay tantas falencias y deslices en el sistema político costarricense? ¿Por qué existe tanta facilidad para cometer actos de corrupción dentro de los diferentes estatutos de la administración gubernamental? Para mí el asunto se torna bastante claro, y expongo seguidamente mi dilucidación acerca del problema. En una institución, ente, compañía, empresa o puesto público, llámese como quiera, en esencia, hay una falta de compromiso. La divergencia estriba en que no existe un ente superior propietario de toda la estructura, tal y como sucede en el ámbito privado, donde sí lo hay, y consecuentemente existe un fuerte compromiso porque el desempeño requerido de un puesto debe ser el más optimo para corresponder a la confianza del empleador que retribuye tal esfuerzo con réditos comerciales. En síntesis, en una entidad pública lo que existe es un compromiso público, orientado a la consecución de objetivos para conseguir un bienestar general, un bienestar social. En contraste, en el contorno privado existe un compromiso más sincero, más demarcado, dirigido a la obtención de metas y fines de una o varias personas definidas. Al hacer esta distinción de compromisos sugiero que la rama privada es mucho menos susceptible de ser alcanzada por la corrupción, debido a un mejor manejo de personal sustentado en códigos y reglamentos de peso que limitan el desenvolvimiento de los individuos que desempeñan funciones. He ahí mi desconfianza ante cualquier gobierno e institución derivada de él, y aunque el análisis anteriormente señalado es muy superficial, deja entrever una debilidad importante de los sistemas públicos en general. Con esta objeción no pretendo asegurar que todas las personas que afrentan cargos públicos son corruptas, mi acotación es que las facilidades suministradas por la naturaleza de la institución pública provocan un mayor índice de corrupción. Por eso mismo abogo por una delicada examinación de los casos en los que se ven impregnados distintos funcionarios, porque cabe la posibilidad de que dicha persona esté siendo víctima de alguna clase de injuria. Para hacer referencia al caso del señor Chavarría, parece absurdo que se le haya absuelto de la acusación correspondiente, es preocupante que se haya contraído una decisión errónea y más aún que tal decreto esté cimentado en las bases de la corrupción y por la influencia  de alguna clase de poder ilegítimo que posea Chavarría en los altos estratos públicos.